En el momento en que Cortegada pasa a ser propiedad de Alfonso XIII, se nombran unos vigilantes, gurada jurados, que cuiden de la Isla. Para esta función se designan hasta cuatro hombres, todos con antigua residencia allí.
Miguel Conde Conde, Roque Sardiñeira Conde, José Meaños Fontán y
José María Ramos Chaves velarán a partir de ese momento por la nueva
propiedad real. Al primero se le pagarán unos haberes de 3'25
pesetas diarias y a los restantes 2'75.
La idea del palacio prometido se va perdiendo a medida que nuevas
ofertas y el transcurso del tiempo se suceden.
Lo que era una medida provisional se mantiene a lo largo de
veiticuatro años. Los gobiernos van y vienen. Se agota el régimen
monárquico. La dictadura de Primo de Rivera da paso a una situación
transitoria que, contra todo pronóstico, deriva en un cambio de
régimen.
Llega la República y las cosas cambian. El catorce de mayo, el nuevo
gobierno da órden de inacautación de los Palacios de la Magdalena y
Miramar y de la Isla de Cortegada. Al día siguiente es Fructuoso
Manrique Martín, teniente coronel de Carabineros, primer jefe de la
Comandancia de Pontevedra, quién firma el acta de incautación, ante
el notario José Barreiro Meiro, en nombre de la República.
A partir de ese momento será el cuerpo de carabineros el encargado de la custodia de Cortegada y del Confurco. La fuerza que vigila la isla estaba compuesta por un Cabo y dos carabineros del puesto de Vilagarcía. Otros dos carabineros vigilaban en el Confurco. Los guardas jurado carrilexos son cesados en el mismo momento de la incautación.
En aquel año los guardias de Carril eran ya personas mayores. Todos rondaban los setenta y dos años y su despido les lleva a una situación que definen como de “reducidos a la mayor miseria y sin pan para alimentarse….es de dominio público el estado de pobreza en que se hallan”.
